ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Aunque la tramitación de los conflictos relacionados con el cese de convivencia y la declaración de ocupantes ilegales ha sido abordada en otras oportunidades, aún persisten insatisfacciones en la población referidas a los procedimientos dispuestos por la Ley, los cuales en determinadas circunstancias no ofrecen una solución definitiva a los asuntos.

Para esclarecer la responsabilidad tanto del Sistema de Tribunales como de las instancias de la Vivienda en la tramitación de estos procesos, Carlos Manuel Díaz Tenreiro, presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Po­pular, indicó que las cuestiones vinculadas a ocu­pantes ilegales, por ejemplo, no competen al órgano de justicia.

Según explicó, esas decisiones son adoptadas y ejecutadas por la Vivienda y no trascienden a la vía judicial, a la que solo llegan las re­clamaciones de derecho. En estos casos, dijo, “el procedimiento es sacar a las personas que ilí­citamente ocupan un domicilio. Aunque es cierto que la medida se complejiza por su naturaleza invasiva”.

“Lo establecido es que abandonen el lugar en un plazo de 72 horas, pero muchas veces se in­cumplen los términos, entre otros motivos, por la falta de coordinación entre los organismos implicados, la ausencia de un fondo habitacional disponible y la inacción, en algunas ocasiones, de la administración y las direcciones territoriales de Vivienda”.

En cuanto a los llamados “cese de conviven­cia o convivientes indeseados, lo que más aqueja a los ciudadanos es el propio diseño le­gislativo, pues no contempla una alternativa con­cluyente para la parte afectada”, afirmó Díaz Tenreiro.

Según el artículo 64, de la Ley General de la Vivienda, “los propietarios determinarán libremente qué personas convivirán con ellos y es­tarán facultados para dar por terminada la convivencia (…)”. Pero si el conviviente se negara a abandonar el inmueble, la dirección municipal de la Vivienda, a solicitud del propietario, puede dictar una resolución exigiéndole que deje la casa dentro de 30 días naturales.

Si transcurrido el plazo, el demandado in­sis­te en permanecer allí, se le aplicará un descuento mensual del salario, ascendente al 30 %. De man­­tenerse la situación por tres meses, las re­tenciones se elevarán al 50 %, mientras dure la ocupación de la vivienda.

La ley añade además que solo “los elementos de clara conducta antisocial, no vinculados a centros de trabajo, que se nieguen a acatar las disposiciones, podrán ser obligados por la fuerza pública a cumplirlas”.

Precisamente ahí descansa la mayor insatisfacción de los ciudadanos, pues este último acá­pite se aplica en muy pocas circunstancias y, aunque la persona indeseada pague una cuota como castigo, el propietario debe continuar con ella en su vivienda, pese a las condiciones de maltrato y despojo que generan tales conflictos.

Teniendo en cuenta la actualización del mar­co jurídico que vive el país, quizá sea pertinen­te reconsiderar las variantes que hoy ofrece la Ley para la solución de estos asuntos, respetando siempre la protección al conviviente de acuerdo con lo expresado en el Código de Familia.

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Pedro dijo:

1

2 de septiembre de 2015

12:27:51


Me parece muy bien la propuesta de reconsiderar las variantes que hoy ofrece la Ley para la solución de estos asuntos. También la aplicación otras variantes multiplicadoras para acercarnos a la urbanística deseada y el aprovechamiento de espacios en función del bien común y del individual es una de las vías necesarias para la solución de las abundantes situaciones de vivienda en todo el país, haciéndolo más racional y desburocratizado en el plano local. Por ejemplo arquitectos en la comunidad podrían brindar variadas soluciones para casos de necesaria ampliación, techado, cercado, protección, eliminación de barreras arquitectónicas y acondicionamiento de espacios para desechos en evitación de su crecimiento geométrico espontáneo. Son realidades la situación de la vivienda en Cuba, el emergente sector no estatal, la necesidad de protección para viviendas y automóviles, el reclamo de espacios para recreación y el deseado saneamiento de las zonas habitacionales, entre otras. Los profesionales de la arquitectura bien podrían certificar, combinando creatividad casuística y legalidad, una gama de soluciones responsablemente flexibles en un espectro muy variado que no se reduzca casi exclusivamente a la negativa, imposición de multas y demolición. Sobre todo para aquellas barriadas menos favorecidas y con menores recursos, donde las opciones para la resolución de necesidades básicas son escasas. Ejemplos son murales en fachadas deterioradas, uniformidad y estética en áreas de parqueos creados con recursos propios, construcción de aceras, pavimentación de calles y avenidas registradas y servicios de consultoría de ingeniería y arquitectura para ampliaciones y remodelaciones de espacios arquitectónicos.

yk dijo:

2

2 de septiembre de 2015

12:53:03


De acuerdo a lo que establece la ley, el propietario decide quien, convive con él, por tanto puede declarar a otro de los convivientes a que abandone la vivienda amparado en la legislación por indeseado. ¿Se aplica ésto para la persona que en el titulo de propiedad, aparece como copropietario?

El defensor de una causa noble. dijo:

3

2 de septiembre de 2015

13:29:56


En parte estoy de acuerdo con lo expresado en el artículo referente a “cese de conviven¬cia o convivientes indeseados”, pues un propietario de una vivienda debe tener facultades para saber quiénes pueden vivir en su casa y por que periodo de tiempo , si un miembro no es deseado, tiene el derecho de pedirle y exigirle el abandono del hogar, en muchos de los casos el propietario de una vivienda se casa con una mujer o viceversa , al cabo de un tiempo el matrimonio no funciona, pero la mujer principalmente exige con una facilidad la mitad de los bienes y recursos, incluyendo vivienda, la ley la ampara, me parece esto injustamente, pues en ocasiones no buscan matrimonio, sino como apoderarse de recurso, jugando una estrategia con mucha lógica, por lo que pienso que esto debe ser modificado en nuestras leyes.

Jorge Omar dijo:

4

2 de septiembre de 2015

13:46:12


Es muy desagradable tener que vivir en un lugar donde no te quieren y aun asi muchas personas lo hacen. Mi madrasta vive desde hace 15 años en la vivienda que anterior al 2012 fuese de mi padre y mi madre que fallecio en 1997 posterior a esta fecha en el proceso de adjudicacion de herencia mi padre cedio sus derechos a mi quedando yo como unico propietario de dicho inmueble. Pero ambos llevan una vida de discordia y tal señora nunca fue lo que decimos una buena madrasta, ahora que la DPV dictamino que debia abandonar en plazo de 30 dias mi casa ella se cree con derechos por llevar el mencionado tiempo y se encuentra haciendo reclamacion ante la Sala Civil del TP. Ahora pregunto... Hasta que instancias tal señora que no tiene derechos sobre su permanencia en mi vivienda por poseer lugar de origen que ocupa su hijo actualmente, tiene posibilidades de hacer reclamaciones por que concidere injusta mi demanda. En que lugar de la ley dice que puedo hacer en mi casa y que no, por que la PNR siempre pasa la bola y no se ocupa de obligar a estas personas que no cumplen con las condiciones de protegidos por la ley.

Idael dijo:

5

2 de septiembre de 2015

13:50:55


yk :::: Para nada, si eres co-propietario esto no aplica porque ya lo dice la condicion eres propietario conjunto a otro propietario y no conviviente, en todo caso si el otro co-prop no te quisiese en la casa la unica forma de resolverse seria dividiendo o permutando x dos o en ultima instancia vender y dividir el monto x dos. SALUDOS