ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

El pasado mes de junio la Fiscalía General de la República de Cuba emitió la Resolución 25/ 2010, y el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP) adoptó el Acuerdo Circular número 75, dirigidos a lograr una respuesta enérgica y eficaz en la prevención y enfrentamiento de graves indisciplinas y delitos que han venido afectando el funcionamiento de los sistemas eléctricos, ferroviarios y de las comunicaciones.

En los últimos años se han estado produciendo hechos delictivos vinculados a la sustracción o apropiación de cables de las líneas de transmisión y distribución de electricidad, angulares de las torres de alta tensión y otros componentes del Sistema Eléctrico Nacional o del Sistema de Comunicaciones del país que afectan instalaciones estatales y servicios a la población, de salud, acueductos y centros de recreación, entre otros.

A esto se ha sumado cierto incremento en la ocurrencia de actos delictivos similares que tienen por objeto traviesas, rieles y diversos componentes de las vías férreas, así como otros que perjudican el tráfico ferroviario, la seguridad de las personas, la transportación de mercancías y el Programa Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles, que con gran esfuerzo y empleo de recursos asume el país a pesar de las adversas condiciones económicas que enfrentamos.

Unas y otras actuaciones comportan riesgos y daños para la salud y la economía nacional, no solo por el valor de los elementos sustraídos o inutilizados, sino además por las interrupciones de los servicios.

CONDENAR LOS EFECTOS, BUSCAR LAS CAUSAS

La mencionada Resolución indica la investigación exhaustiva no solo de la responsabilidad penal de los autores directos, también la de los encargados de asegurar la debida protección de las instalaciones afectadas y sus recursos. Y, esencialmente, la responsabilidad colateral de los jefes, quienes por su falta de exigencia propician estas inadecuadas actuaciones.

Al determinar las afectaciones provocadas por los actos vandálicos, se tendrán en cuenta -además del precio oficial del producto o servicio de que se trate-, el daño real producido por los acusados con su actuación y los perjuicios ocasionados a la economía, más los derivados de los servicios dejados de prestar y lo invertido en su reparación.

Tales hechos vandálicos serán severamente sancionados -según el caso- por la comisión de delitos previstos en el Código Penal. Además de las sanciones principales se solicitarán, cuando correspondan, las accesorias de comiso y confiscación de bienes, y la prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio. Los responsables también podrán ser desposeídos de sus bienes mediante la utilización de la vía administrativa, al aplicar el Decreto Ley 149/94.

ACTUAR CON ENERGÍA CONTRA LOS RESPONSABLES

Mediante el mencionado Acuerdo Circular número 75, el Consejo de Gobierno del TSP indicó a los tribunales "actuar con el consecuente rigor" en los casos que juzguen por los hechos antes descritos.

A los responsables directos e indirectos de esos delitos les serán aplicadas sanciones que impliquen la debida severidad en la respuesta penal en correspondencia con la aludida gravedad de los hechos y sus consecuencias.

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