ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

En el complejo mundo de hoy, entre un 25 y un 75 por ciento de las mujeres -en dependencia del país- son maltratadas físicamente en sus hogares de forma habitual según estadísticas de organismos especializados. Las violaciones han devastado familias enteras en toda la amplia geografía del planeta.

En nuestra sociedad, la cual se fundamenta en principios, valores y en la ética de la igualdad, existen instituciones y mecanismos legales y educativos que luchan contra la violencia en el seno de la familia porque donde esto ocurra se dañan la vida en el hogar, y muy especialmente a las principales víctimas, por lo general mujeres, ancianos y niños. Por tanto, la protección de su integridad física y la salvaguarda de sus derechos es una constante en nuestra legislación.

¿Qué instrumentos proscriben y sancionan su violación?

Uno de ellos, el Código Penal, recoge como figuras delictivas contra la familia, entre otros, el asesinato, el aborto ilícito y el delito contra el derecho de igualdad, el proxenetismo y la trata de personas.

Los tribunales cubanos también penalizan la corrupción de menores, su venta, tráfico y otros actos contrarios a su normal desarrollo. En estos delitos se establece como sanción accesoria la privación o suspensión de la patria potestad.

Incluso, dentro de las recientes modificaciones al Código Penal se definió como circunstancia agravante en los delitos contra la vida y la integridad corporal y contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud, que quien los cometa sea cónyuge, o exista parentesco entre el agresor y la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, entiéndase suegros y cuñados.

Tales cambios incluyen más severidad en las sanciones impuestas a estos delitos. Emilia González Pérez, vicepresidenta del Tribunal Supremo, menciona algunas de ellas. "En la violación la sanción puede llegar hasta 30 años de privación de libertad o la pena máxima cuando concurren circunstancias que agravan el hecho; los abusos lascivos, de dos a cinco años, aunque si producen consecuencias mayores la sanción se impone por el delito más grave; la corrupción de menores, de 20 a 30 años; el asesinato, hasta 30 años o la pena máxima; y el proxenetismo, hasta 30 años de privación de libertad".

Existen, además, las contravenciones del orden interior -también fijan una sanción- aplicables a la vida familiar. Maltratar de obra a una persona cuando las lesiones que cause no dejen secuela ni necesiten asistencia médica; amenazar a otro con causarle un mal, daño o perjuicio, a él o a un familiar; perturbar el orden público en viviendas o áreas comunes de edificios multifamiliares, con motivo de discrepancias con convivientes u otras personas.

Los argumentos para el combate permanente contra tales conductas, sobran.

Severas son sus consecuencias. Lesiones que pueden causar la muerte, trastornos sexuales, emocionales y psicológicos y otros.

¿Qué hacer entonces?

Si el caso requiere de tratamiento jurídico, debe efectuarse la denuncia en la unidad de la PNR. Quizás solo sea necesario una orientación especializada en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, patrocinadas por la FMC, al médico de familia o al psicólogo del área de Salud. En la más sencilla de las situaciones puede ser suficiente un consejo bien encaminado.

Para el normal desarrollo de la vida familiar lo mejor es modificar el modelo propio de la cultura patriarcal en el cual una persona impone sus criterios y su fuerza. Una decisión a tiempo salva.

La lucha porque cada hogar se convierta en un espacio de paz, armonía y seguridad es principio básico e irrenunciable de nuestra sociedad socialista. El respeto y la igualdad serán siempre los cimientos de la familia. Su disfrute es un derecho y su protección un deber.

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