Miles de personas se beneficiarán con la puesta en vigor de nuevas normativas de la vivienda

Este lunes entraron en vigor los Acuerdos No. 8574 y No. 8575 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, publicados a finales de abril en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 33, que se dirigen a ordenar y legalizar el estatus de la vivienda, lo que a su vez implica el beneficio para decenas de miles de personas.

Entre los ciudadanos favorecidos se hallan los arrendatarios permanentes de viviendas del fondo estatal; los ocupantes de los inmuebles con un contrato de usufructo, por no constituir viviendas adecuadas, y de cuartos que reúnan las características de vivienda adecuada o que puedan crearlas.

En ese último caso, obtienen el derecho a construir por esfuerzo propio, mediante los permisos establecidos. Dos variantes son la solicitud de crédito o subsidio, vedadas hasta ahora por el estatus de ilegalidad.

Con respecto a las viviendas y locales terminados o en ejecución, por el Estado o la población, las direcciones municipales de Planificación Física emitirán de oficio el dictamen técnico. De continuar la construcción, se solicitarán los permisos correspondientes.

En todos los casos es condición sine qua non la observancia de las regulaciones territoriales y urbanas. El derecho de legalización va asociado al pago del derecho perpetuo de superficie.

Asimismo, se define que el Instituto de Planificación Física organizará y controlará el proceso de cambio de uso y traspaso de locales para asumir

funciones habitacionales y otros destinos, responsabilidad que antes recaía totalmente en el Ministerio de Economía y Planificación.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha llamado reiteradamente a perfeccionar los procedimientos relacionados con la vivienda, y aplicar sistemas de trabajo eficientes, minimizando los trámites,  pues –alerta– las trabas y la burocracia solo enlentecen y complican los procesos. (Redacción Nacional)