ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Foto: Ricardo López Hevia

La decisión anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos, de «reducir el personal diplomático cubano en Washington sin que haya resultados investigativos concluyentes ni pruebas de los incidentes que estarían afectando a sus funcionarios en Cuba, tiene un carácter eminentemente político», ha ratificado el Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla al dar a conocer en conferencia de prensa la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), tras ordenar el gobierno norteamericano la salida de 15 diplomáticos cubanos de Estados Unidos.

A casi tres años del 17D, en qué punto las actuales circunstancias colocan el proceso hacia la normalización de relaciones entre ambos países. ¿Podrían acaso los acontecimientos más recientes estar anunciando el principio del «rehielo»? Son preguntas que los últimos sucesos dejan abiertas, pero no las únicas, en una historia desestructurada, que adolece de lógica y evidencias, y por tanto de sentido común.

«Que 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington abandonen el territorio de los Estados Unidos, sobre la base de que han reducido su personal diplomático en La Habana y que el gobierno cubano no habría dado los pasos necesarios para prevenir “ataques” contra estos», no solo es una medida injustificada, reiteró el canciller cubano, sino que es una «decisión infundada e inaceptable»; un mero pretexto ante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores protesta «enérgicamente».

«Es un acto de naturaleza absolutamente político que solo beneficia a quienes quisieran descarrilar la posibilidad de que las relaciones entre ambos países continúen avanzando, y revertir los progresos alcanzados; solo beneficia los oscuros intereses de un puñado de personas», subrayó Rodríguez Parrilla.

Y lo dice el canciller, y lo dicen por sí mismo los hechos, luego del cambio de política anunciada el pasado mes de junio por el presidente Donald Trump en Miami, y su discurso en días recientes en las Naciones Unidas.

Porque, cómo se explica la reacción de la Casa Blanca, sin haber tomado Cuba medida alguna contra los Estados Unidos, sin Cuba discriminar a las empresas norteamericanas, siendo un país que invita a los ciudadanos estadounidenses a visitarlo, y que favorece el diálogo y la cooperación bilateral, sin ocupar además ninguna porción del territorio de los Estados Unidos.

Muy al contrario, «Cuba ha favorecido el curso respetuoso sobre bases de igualdad soberana para tratar nuestras diferencias y convivir civilizadamente con ellas en beneficio de ambos pueblos y países», reafirma la declaración del Minrex.

Cuba no tiene responsabilidad alguna en los supuestos ataques, ni posee o está familiarizada con la tecnología que se especula causó las afectaciones, afirmó el canciller, y subrayó que el Gobierno Revolucionario no permitió jamás, ni lo hará, el uso del territorio nacional para actos contra ningún Estado o sus representantes.

No convencen las explicaciones del Departamento de Estado norteamericano, «difíciles de explicar» en tanto carecen de información. «Es inaceptable, que el argumento para exigir a personal diplomático cubano que abandone territorio de Estados Unidos sea que Estados Unidos, por su propia decisión, redujo la presencia de personal diplomático estadounidense en La Habana, o que el gobierno cubano supuestamente no haya adoptado medidas adecuadas para prevenir los alegados incidentes».

Demasiados cabos sueltos y falta de seriedad en una historia donde, por más que Cuba ha reiterado su disposición a una cooperación seria y objetiva en la investigación que pueda esclarecer los hechos, sigue siendo una «retórica incomprensible que trata de disimular lo esencial: falta de datos, información y resultados concluyentes».

Y como si fuese poco, la ambigüedad de la narrativa intenta coquetear, como si pasara desapercibido, y se mueve entre «incidentes» y «ataques», acaso con el propósito de construir o naturalizar lo que «no tiene un resultado conclusivo».

Se trata de querer relacionar a toda costa las afecciones a la salud descritas por los diplomáticos norteamericanos con los supuestos incidentes de «ataques sónicos», presuntamente ocurridos en noviembre del pasado año, luego de las elecciones de Donald Trump.

«Si el deseo de la parte estadounidense ha sido proteger la salud de diplomáticos que eventualmente podrían presentar dificultades de salud, ¿qué relación puede tener esto con la decisión de reducir la presencia del personal diplomático cubano en Washington?

¿Es esta una acción de reciprocidad? Obviamente no puede serlo, porque no ha habido ninguna medida ni ninguna decisión cubana a la que alguien pudiera pensar en reciprocar», refirió el canciller cubano.

Lo cierto es que entre una decisión técnica asociada al proceso de investigación, y una decisión política hay un largo trecho, con el plus de que esta última trae un costo añadido. El propósito real solo puede explicarlo el gobierno estadounidense, pero podemos imaginar cuál es la fórmula.

De ello han dado algunas pistas los funcionarios del Departamento de Estado, que ininterrumpidamente desde que se desataran los hechos han permanecido filtrando información, «con objetivos políticos a la prensa estadounidense, escudándose en el anonimato», por demás usando comentarios ininteligibles, que bien pudiesen pertenecer más a una saga futurista que a la realidad.

El costo, ya lo decíamos, va más allá. ¿Realmente garantiza la reducción a una cifra equitativa de personal, el funcionamiento de ambas embajadas, cuando de manera abrupta las funciones del consulado de Washington en La Habana quedan reducidas a servicios de emergencia?

Decir, como han argumentado algunos de estos anónimos funcionarios, que evaluarán el impacto que ha tenido esta reducción del personal en temas como la reunificación familiar, el otorgamiento de visa a inmigrantes y visitantes, es cuando menos un eufemismo.

No hay evaluación después de cortar de modo brusco los servicios consulares, cómo hacerlo, ha cuestionado Rodríguez Parrilla.

Asimismo, manifestó que las condiciones del consulado cubano son de extraordinaria precariedad, a partir de la decisión de Estados Unidos, pues solo permanece un solo funcionario consular en Washington, situación que ocurre lamentablemente de igual modo en La Habana.

La escasa evidencia de un lado, y del otro la negativa reiterada de las autoridades norteamericanas para que los expertos y peritos cubanos tengan la posibilidad de visitar los «lugares afectados» que involucran residencias de personal diplomático, así como para sostener encuentros entre expertos de ambos países y el personal médico cubano que integra esta investigación con los especialistas estadounidenses, son elementos que congelan el avance de una colaboración más eficiente.

Cuba no obstante, insistió en su decisión de continuar esta investigación, cooperando en cualquier posición y reiteró además a las autoridades del gobierno de Estados Unidos la solicitud de que compartan evidencias.

Mientras tanto, una agenda bilateral pende de la cuerda floja de una posible escalada, si el Departamento de Estado aplica paridad y decide suspender también las reuniones en áreas de mutuo interés.

A un clima de relaciones bilaterales ya enrarecido, decisiones políticas precipitadas como esta— que representan un franco retroceso en los nexos diplomáticos entre ambas naciones, retomados en julio de 2015, luego de medio siglo de hostilidades— nada ayudan; y dejan de lado que, en ese deterioro, quienes más pierden son los «ciudadanos», cuyos derechos dicen, hasta el cansancio, defender.

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Ignacio Murcia dijo:

1

4 de octubre de 2017

19:30:46


Los imperialistas son siempre unos tramposos, confiar en ellos es como poner a la zorra a guardar gallinas.