La moraleja agropecuaria: subir niveles de producción y bajar precios

Más que analizar los números puntuales de ese territorio en cuanto a la explotación de la tierra por los usufructuarios, el intercambio encauzó análisis de interés nacional, como par­te de un proceso que —iniciado esa mañana sabatina en Mayabeque y luego, en Arte­misa— se extenderá paulatinamente a las de­más provincias.

Por vez primera —conforme lo ratificó a Granma el Segundo Secretario del Comité Central del Partido— se realiza un control con este nivel de profundidad y exigencia, mediante visitas finca a finca, a siete años de implementarse en Cuba las normas jurídicas que permitieron sumar, al escenario agrícola de la nación, a estos sujetos de gestión no estatal que pueden vincularse, voluntariamente, a las cooperativas agropecuarias de cualquier denominación: CCS, CPA y UBPC.

Dos momentos principales determinaron las discusiones: el primero, una radiografía de en qué medida se está aprovechando el usufructo y, segundo, cómo producir mayores volúmenes de alimentos (con el consiguiente abastecimiento a La Habana, en calidad de principal destinatario de las producciones de la provincia artemiseña) y hacer que disminuyan los precios minoristas de esos genéricos.

UN BRIEFING OPORTUNO

Días previos a este encuentro, nuestro periódico entrevistó a Eddy Soca Baldoquín, director general del Centro Nacional de Control de la Tierra y Tractores, para obtener una actualización del balance —en tanto país— del uso y tenencia de tan esencial recurso.

Ante todo, se ha identificado (gracias a una actualización en el 2015) que la cantidad de tierras de uso agrícola en Cuba asciende a 6 240 263,84 hectáreas.

La gestión de esa superficie se divide de la siguiente manera: estatal, el 30,5 %; cooperativas, 34,3 % y el resto, se refiere a los agricultores pequeños. Vale destacar que aquí los usufructuarios están incluidos en las cifras inherentes a las cooperativas y agricultores pequeños, dado el principio de voluntariedad que prima a la hora de su vinculación o no a una forma productiva.

Desde que en el 2009 se aprobó el Decreto-Ley No. 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo, e incluyendo las cifras de su sucesor, el No. 300 (que entró en vigor en el 2012), a escala nacional se han beneficiado 279 021 usufructuarios y permanecen en posesión de los mismos 1 403 940 hectáreas hasta la fecha.

CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD SIN MIRAMIENTOS

Sobre la claridad de las responsabilidades de cada cual en este tema y los trámites pertinentes —definidos de forma meridiana en las diferentes disposiciones legales—, el Segundo Secretario del Comité Central insistió en que las lagunas que pudieron existir en los primeros años, necesitan resolverse sin dilación.

Recordó, entre los antecedentes para fortalecer este segmento, el encuentro efectuado en el 2011 con representantes de las bases productivas, el paquete de 17 medidas para destrabar el funcionamiento de las UBPC, el XI Congreso de la ANAP y el trabajo que se ha realizado recientemente en todos los municipios.

Hay que reconocer que la mayoría de los planteamientos de los usufructuarios, sobre los nudos que entorpecían su desarrollo, han encontrado soluciones por la dirección del país y se dispone en la actualidad de mayor número de garantías y mejores condiciones para dar un salto productivo, toca ahora hacerlo. Y ello desterrando los descuidos que, hasta el momento, han frenado el proceso.

Urge, también, el seguimiento y estabilidad que demanda un tema tan importante como el uso y tenencia de la tierra.

“Un país que se respete debe tener control sobre esto, y mucho más nosotros aquí en el socialismo” —remarcó Machado Ven­tura— donde la tierra es en su mayoría, propiedad de todo el pueblo representado por el Estado. De ahí que al ordenamiento que se busca en la actividad, le debe escoltar, a todo lugar, “un chequeo riguroso y cotidiano”.

En el caso del control del usufructo, “la responsabilidad la tiene el municipio” —aseveró—. Es a ese nivel donde la gente se conoce mejor y donde se puede detectar, a tiempo, cualquier síntoma de incumplimiento o ilegalidad.

Y prosiguió el vicepresidente cubano exhortando a comprender que este proceso no es para quitarle la tierra a la gente, es para hacer cumplir el objeto social y productivo con que fue entregada, y para hacer valer el encargo estatal correspondiente a las entidades que participan. Es también, para mayor orden y control. A siete años de aplicarse la medida mencionada, eso sí, con quienes no hagan su papel, no hay que tener contemplaciones. Si alguien sigue incumpliendo, entonces se le retira el usufructo. Y en ello no puede haber distracción ni concesiones.

Reconoció la mejoría en cuanto a la comprensión y asimilación, por parte de las formas productivas, sobre la importancia de que los usufructuarios se asocien a ellas.

PRECIOS, SURTIDOS E INTERMEDIARIOS EN LA VOZ DE PRODUCTORES

Sobre el tema, hablan los protagonistas. Jesús Rodríguez Pa­lomino (CCS Antonio Maceo, Bauta), quien es usufructuario des­­de el 2009, se refirió a los altos precios de los productos agrícolas, cuestión que se agrava por la cadena de intermediarios ilegales que gana más que quienes producen. A su juicio, los principales problemas con que deben lidiar los productores acogidos a esta modalidad, se resumen en la contratación, la comercialización y “la necesidad de topar precios”.

En torno a la primera de esas trabas, mencionó que hoy se le llama contrato a algo que se parece más a una carta de buenas intenciones, y se va a contratar sin todas las herramientas necesarias para ello. Agregó que en este sentido la asignación de los recursos debe ser más equitativa, para que quienes hoy producen menos tengan mayores incentivos de producción.

Respecto a la comercialización, planteó que los desvíos de producciones se deben a que no se han organizado bien los mecanismos actuales de comercialización, como cuando estaba Acopio. Y en lo referente a los precios, propuso que se aplique en este sentido el papel regulador del Estado, pero en lugar de establecer un límite al final, en la tarima, se haga en los demás eslabones de la cadena, empezando por el surco.

El ministro de la Agricultura, Gustavo Ro­dríguez Rollero, ex­plicó que lo primero es saber el costo de cada producción. Por ello ese organismo está actualizando la ficha de costo de los cultivos. La variante, “más que topar precios”, apunta a mayor producción y organización de la comercialización. Anunció que —dentro de las medidas a adoptar próximamente— se continuará estimulando el precio de compra a los productores en las viandas.

En el tópico de los precios intervino Ma­chado Ventura para señalar que se evalúa la al­ternativa de fijar un límite máximo, o sea, “ponerle un hasta”. Lo que no se puede —enfatizó— es vender al doble o al triple, como sucede, porque eso se hace insoportable. La moraleja es que para resolver el problema definitivamente, hay que producir más y con calidad, disminuir la cantidad de intermediarios ilegales y abaratar los precios de los productos que se ofertan a la población. Y reconoció el potencial que tiene Artemisa para conseguirlo. Otra fórmula, significó, está en acopiar todo lo que se pueda y no limitarse exclusivamente a los surtidos tradicionales, apoyando oportunamente a las entidades responsables del Acopio y garantizar que los alimentos vayan a los destinos contratados.

Sixto Travieso, usufructuario de Bahía Hon­da, concordó en las deficiencias que persisten en la comercialización, lo que llevó a muchos campesinos en determinado momento a ir disminuyendo las siembras. Este proceso, en su opinión, debió realizarse desde antes, y valoró que los obliga, para bien, a entrar por el camino correcto o a renunciar. E instó a sus colegas a que no vean esto como un fantasma, sino como algo que hay que hacer todos los días.

Otro productor, Leonel Díaz —vinculado a la CCS Camilo Cienfuegos, de San Cristóbal— compartió la insatisfacción al ver que mientras él comercializa a precios justos, un intermediario “con la camisa limpia” gana hasta tres veces más por el mismo producto. Y añadió lo acuciante de resolver las brechas que se dan en la contratación con algunas empresas, pues los revendedores se aprovechan de esas situaciones para acaparar productos y lucrar con estos.

Jorge Luis Denis, de Güira de Melena, aludió que si bien se ha flexibilizado el acceso a los créditos en general, aún queda por solucionar que se aligeren trámites y garantías que se solicitan a los usufructuarios, debido a prerrogativas del Banco, como los codeudores y tener las producciones aseguradas.

Al respecto, el Segundo Secretario del Comité Central observó que el tema de los seguros depende también de la previsión oportuna por parte de los productores, “nadie puede asegurarse cuando caigan rayos y centellas”, comentó.

Mientras, el ministro del ramo informó sobre la aprobación reciente de una nueva Resolución, por parte del ministro-presidente del Banco Central de Cuba, que apuesta por mayor correspondencia entre los plazos de amortización concebidos y la tecnología de los cultivos, así como tasas de interés más justas; una vieja aspiración en el sector agropecuario.

En resumen, el sentir de los presentes apuntó su brújula a que el desabastecimiento en los agros no sea una escena repetida, (cuestión que para muchos se aliviará con la decisión de contratar a los agricultores porcentajes más altos de su potencial productivo), como tampoco se arraiguen el vicio de algunos por los precios astronómicos ni el lucro a costa del cubano trabajador.