ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Más de 200 millones de pesos tributan anualmente distintas violaciones de lo establecido. Foto: Pastor Batista

LAS TUNAS.—Al ver que no se aproxima ningún vehículo, Agustín acciona suavemente el freno acoplado al manubrio de su bicicleta y, sin detener en firme la marcha, se incorpora a la calle Francisco Varona, en Las Tunas, a pocos me­tros del punto donde una pareja de policías de tránsito aguarda marcialmente para proceder del modo indicado con todo el que cometa esa peligrosa violación del Código de Seguridad Vial.

—Si vas a la oficina de multas antes de las 72 horas, no tendrás que pagar 60 pesos, sino 30, le explica uno de los agentes, tras llenar el taloncito correspondiente.

Un rato después, las cajas daban receptiva cuenta de ese ingreso.

Por fortuna, excepto la involuntaria omisión del “buenos días” con que en gesto ha­bitual inspectores y autoridades del orden de­ben dirigirse al ciudadano, la multa estuvo técnicamente correcta, indiscutiblemente justa.

Pero no siempre ocurre así. Recuerdo que rumbo a su ocaso, el año 2014 contabilizaba más de 37 000 multas canceladas en todo el país, cifra que por entonces definía una curva ascendente en tal incorrección comparado con igual etapa del año anterior.

Aunque la referida cantidad solo significaba el 2,3 % de las contravenciones sancionadas hasta ese momento (en total más de un millón 600 000) el fenómeno dejaba entrever inexactitudes, errores o equivocaciones por parte de los impositores a la hora de aplicar lo establecido o durante el llenado del modelo.

Según información ofrecida por el Mi­nis­terio de Finanzas y Precios a diputados del Parlamento durante la última sesión ordinaria de la Asamblea Na­cio­nal del Poder Popular en diciembre pasado, hasta entonces las estadísticas daban cuenta, además, de 365 431 multas pendientes de pago, casi 250 000 de ellas con más de 60 días desde que habían sido impuestas.

En general, la más reciente tendencia ha mostrado el descenso en la cantidad total de multas. Sin la menor intención de “pedir más”, vale la pena preguntarse si tal decrecimiento se sustenta en mejor conducta social e institucional, más disciplina o avances en el cumplimiento de lo normado.

Diputados, directivos e incluso ciudadanos como Evaristo Sánchez y María del Carmen Pena, no creen que haya una congruencia real entre ese descenso y el comportamiento de la indisciplina en el entorno económico, tributario, social, higiénico, medioambiental y de ser­vicios… a escala de país.

Para todo cubano debe quedar claro, que lo idóneo sería no tener que aplicar absolutamente ninguna sanción así. Si cada persona, vecino, trabajador, funcionario y di­rectivo, cum­pliera estrictamente lo normado de acuer­do con el lugar donde se encuentra o la acti­vidad que realiza, el platónico deseo de cero multa pasaría a perceptible realidad.

Más de 200 millones de pesos, sin em­bar­go, tributan anualmente distintas violaciones de lo legal, jurídica, laboral, social o higiénicamente establecido en las condiciones de Cuba.

Ojalá ese monto engrosara las arcas me­diante arterias de eficiente producción, adecuados servicios y no por transgresiones que terminan perjudicando al ciudadano, a la entidad infractora, a la población e incluso a la economía nacional.

Contraproducentes son también, por su­puesto, esas multas que por diversas causas terminan siendo canceladas. Tal y como me­dita Meisi Bolaños Weiss, vicetitular de Fi­nan­zas y Precios, lo peor que puede suceder es imponer una multa que luego no se cobra. Ello origina o acentúa un efecto dañino desde el punto de vista social e ideológico porque, en­tre otras cosas, aumenta la impunidad y denota deficiente gestión, falta de dominio o superficialidad por parte del funcionario o del organismo impositor.

Resulta entonces bien atinada la intención de seguir capacitando y preparando mejor a los cuerpos de inspección y a las entidades encargadas de esa actividad en todo el archipiélago.

Al dirigirse en julio del 2013 al Parlamento cubano, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, no solo hizo referencia a más de 190 indisciplinas sociales, violaciones o formas de delito que perjudican al país, sino que también llamó a enfrentar enérgica y eficazmente tales conductas y manifestaciones.

En ese empeño, los cuerpos de inspectores desempeñan un rol de primordial valor, al que no pueden estar ajenos otras entidades, es­tructuras, organizaciones, organismos y la sociedad: principal beneficiaria de todo cuanto se pueda lograr.

Hágase, en fin, lo que corresponde, aplíquese lo establecido, pero actúese correcta e intencionadamente bien para no cometer errores… para no tener que corregir luego el tiro.

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Michel dijo:

1

21 de enero de 2015

08:35:33


Buen articulo, cuando vi el titulo pensé que era una arenga pero luego me gusto, lo único que no deja claro quienes son los responsables y por ende no creo que le duela a nadie y salden a defenderse o si son unos caraduras a tapar sus cosas. Tambien creo que seria bueno decir que a la mayoria que le ponen las multas mal puestas no reclaman, así que cuanto sera la cifra real, que fin seguimos con la fe en que nuestros dirigentes de verdad logren quitarnos estos lastres históricos? Saludos

Nelson A. García Cotilla dijo:

2

25 de enero de 2015

11:34:20


Ante las indisciplinas sociales es necesario un mayor control por parte de los funcionarios encargados de la Oficinas Estatales, pero estarán preparados y capacitados para tales funciones, realmente la profesionalidad que hoy en día se exige y la experiencia vivida nos dice todo lo contrario, a pesar de ser el país en América Latina que tiene el mayor índice de escolaridad el desconocimiento de nuestras legislaciones y regulaciones por parte de la población es notable, el que debe ser de conocimiento y difusión masiva por los medios de comunicación. Nuestros tribunales tienen que dirimir las medidas incorrectas aplicadas y en ocasiones el desconocimiento de la población que no lo exonera de la responsabilidad penal, pero realmente es la población la que esta en un ESTADO DE INDEFENSIÓN en muchos de los casos y cuando busca la asesoría legal solo resta pagar su ignorancia con una medida penal prevista en nuestra legislación que ha de dirimir el objetode la lites y la responsabilidad civil antes dicha medida aplicada. Es necesario recabar en este sentido la capacitación de los funcionarios de las instituciones encargadas de hacer cumplir las disposiciones que norma la conducta de la población en nuestra sociedad, a fin de no violar los derechos constitucionales que tienen cada uno de nuestros ciudadanos; siendo lo mas adecuado la parte preventiva antes de llegar a la represiva.